El lento y tedioso proceso de la justicia
Violación ejercida por militares
Por Soledad Jarquín Edgar, enviada
México, 7 ago 06 (CIMAC).- La violencia sexual ejercida por militares, en Coahuila, cobró 13 víctimas. Otro caso en riesgo de quedar en el silencio.
La noche del pasado 11 de julio, 13 bailarinas y sexoservidoras fueron violadas por más de 20 soldados del Ejército Mexicano en Castaños municipio de Coahuila, donde estaban asignados al resguardo de material electoral.
Varias de ellas son apenas unas niñas. Han pasado 26 días y su dolor físico se agudiza, además del miedo que tratan de ocultar con disfraces de mujeres fatales.
Detrás de esta máscara -Wendy, Malena, Brisa, Cinthya-, tienen una vida en común: pobreza permanente y abandono constante, deserción escolar, embarazos adolescentes, maltrato y desamor. Luciérnagas que sólo brillan de noche, para intentar a la luz del día una vida feliz.
UN PAREDÓN DE FUSILAMIENTO
Ese 11 de julio, la noche estaba “floja”, pocas mujeres llegaron a Las Playas y El Pérsico. El terreno de la zona de tolerancia levanta el polvo blanco al paso de vehículos que se desvían de la carretera 57 hacia un camino sin pavimentar, de terrenos baldíos, hierba seca y escasa iluminación.
Siete soldados, entre ellos José Joaquín Alvarado Flores, hacen su fiesta en El Pérsico. “Una bronca” detona el infierno. No hay castigo, los soldados suben a un taxi. El conductor los llevó al Instituto Federal Electoral (IFE), en Monclova.
Regresan 40 minutos después, son más de 20, consigna la autoridad municipal en un reporte, establece además que llegaron en una Hummer del Ejército Mexicano -matrícula 01914153-, uniformados y con armas. Los soldados pertenecían a la Sexta Zona Militar, de Múzquiz.
De las tres bailarinas, dos son víctimas de abuso sexual. Los soldados golpean al guardia y al cantinero. Someten a los clientes. Malena se queda en el patio con dos soldados. Un grupo saca a dos del lugar. En el terreno baldío, cerca de la pared se desvisten para cumplir la orden.
Brisa recuerda y tiene rabia. Los días pasan y la tranquilidad no llega. En su modesta casa en Monclova es otra, no tiene disfraz, viste camiseta y pantalón de mezclilla. Su rostro refleja cansancio.
Desde hace ocho años es bailarina, el dinero que gana lo envía a su madre quien cuida a sus dos hijos. Tenía 11 años cuando dejó la escuela, para ayudar en la casa. La calle fue suya desde entonces.
Los dedos del militar atravesando su vagina, lastimándola. Otros se burlan y le apuntan. “Era como estar en un paredón de fusilamiento, desnudas, a la vista de ellos”. Escuchó la orden a su compañera: ¡quítate la ropa pinche puta! Un arma le abrió bruscamente las piernas. “Mira, todavía tengo miedo”, confiesa la joven de 28 años.
Los soldados salieron de Las Playas, atravesaron el terreno baldío y se dirigieron a El Pérsico. El guardia llama al patrón, quien primero le dijo: “Echa candado”. Luego pensó que sería mejor que entraran.
Wendy junto con otras compañeras se esconden. Piden que las encierren con candado. Escuchan golpes y gritos de parroquianos y policías. Una de las jóvenes pide auxilio al 066, “dijeron que ya venían, nunca llegaron”.
Un reporte firmado por el munícipe de Castaños, Mauro Zúñiga Llanas, indica que a las 2:10, el oficial Francisco Javier Neira Sánchez solicitó ayuda. Tres patrullas llegaron a la zona, eran apenas seis policías, todos fueron sometidos.
De manera extraoficial se informó que no se activó el “código rojo”, que hubo miedo de las autoridades, equivocadamente pensaron que el asalto era cometido por los zetas, brazo armado del cartel del Golfo, “así nadie le entra, mejor se van”, señaló un residente.
Wendy tiene 24 años y cuerpo de niña. Sus ojos se llenan de lágrimas, el recuerdo le taladra el alma. Después de una hora y ante las exigencias de los soldados, decide con las otras mujeres salir del escondite.
El relato es inadmisible. Ve que en el cuarto y en el baño varios soldados abusan de dos compañeras. El miedo le detiene el corazón. Uno la obliga a entrar a un cuarto. Le pide que se desnude.
Le ordenan que vaya al salón a bailar. “Muevan el culo pinches putas”, les gritan. Otro de los soldados arenga a los clientes: “Órale, atásquense que es de a gratis”.
Otro toma a Wendy del brazo, la saca con brusquedad. La entrega al “Yahir”, un hombre alto y orejón. “Yo le digo que voy a hacer todo lo que me diga pero que no me golpee”. Los ojos están llenos de lágrimas contenidas como la rabia y el miedo.
Después de violarla, el soldado le pregunta si no está enferma “porque no usó condón” y la amenaza de muerte si lo denuncia, advierte que va a volver. Hay otra amenaza, ninguna recibió tratamiento hormonal de emergencia para prevenir embarazos y no todos los agresores usaron condón.
El Pérsico era un cuartel no una zona de tolerancia, explica la joven que sufrió dos violaciones más. A todos, les pedía que no la agredieran, quería volver a casa para ver a su hijo y a su madre.
VA LENTA LA JUSTICIA
“Pienso que a lo mejor no nos quieren hacer caso por el lugar en que trabajamos, por lo que somos... si los que cuidan a la Nación hacen esto...”, dice Wendy sobre la justicia que no llega.
El 20 de julio, Wendy entregó al gobernador Humberto Moreira una carta en Castaños, donde estuvo para inaugurar obras. “Le pedí que no nos deje solas, que exija a la zona militar que le entreguen a los soldados, porque ellos saben quienes son”.
El mandatario contestó ahí mismo “dile a tus compañeras que no las voy a dejar, esto no se va a quedar así, vamos a llegar hasta donde se tenga que llegar”, relata.
La regidora de Salud, Guadalupe Oceguera dice que si alguna de las mujeres violadas por los soldados quedara embarazada, se hará lo necesario para evitar que carguen con algo que no pidieron. La ley local así lo permite.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera; la diputada Silvia Galván y la regidora coinciden en que los militares deben ser llevados ante la justicia coahuilense. El procurador Jesús Torres Charles advierte que si la justicia militar no los castiga, él hará su trabajo. Se aplicará la justicia civil, pero será después de que sean castigados “por insubordinación y abandono del puesto”, en la corte militar.
¿El riesgo?, que las agresiones de los militares queden impunes o se vuelvan una estadística. Ya sucedió en Altamirano, Chiapas, en 1994 ó en 2004 en la sierra Tlapaneca de Guerrero. En ambos casos las víctimas fueron indígenas.
Hasta ahora la justicia va lenta. Aunque participaron más de 20 soldados en las agresiones, sólo seis fueron detenidos, dos desertaron, uno es José Joaquín Alvarado, su identidad se conoce porque fue detenido tras la bronca en El Pérsico, misma que costaría la destitución a Rubén Venzor como general en la sexta zona militar.
06/SJ/CV/LR
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada